De acuerdo con López Obrador, la modificación constitucional realizada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto no se tradujo en una mejora en la calidad de la enseñanza y, por el contrario, impulsó una campaña de descredito al magisterio.
En el documento, López Obrador refiere que en tanto no se alcance un acuerdo las “otras instancias del Poder Ejecutivo Federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas que se hayan traducido con la aplicación de la llamada reforma educativa”.
A través de lineamientos y directivas, pide a las Secretarías de Hacienda, Gobernación y Educación Pública dar seguimiento a una serie de lineamientos y directivas, en tanto no culmine el proceso de dialogo con docentes para concretar una nueva reforma.
Por ello, ordenó a la Secretaría de Hacienda asumir el control de la nómina magisterial para impedir prácticas patrimonialistas, "aviadores" y cualquier otra forma de corrupción.
En tanto que la SEP se le ordenó administrar las plazas, contratar a los egresados de la normales públicas y reinstalar a los educadores que fueron cesados por la aplicación de las evaluaciones punitivas-
Finalmente, a la Secretaría de Gobernación le solicita realizar las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad a maestros y luchadores sociales que permanezcan en prisión por haberse opuesto a la “susodicha reforma o por haber participado en causas sociales justas".