FUENTE:
Noticias Voz e Imagen de Oaxaca
Noticias Voz e Imagen de Oaxaca
Los
diputados de la 63 legislatura del Congreso del Estado empezaron y
terminarán su cargo con una irresponsabilidad común: la falta de
transparencia.
41 de los 42 diputados no presentaron su 3de3, es decir, sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.
Solamente el actual presidente de la Mesa Directiva hizo entrega de la documentación.
3de3, es una iniciativa ciudadana impulsada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana (TM), la cual promueve que los servidores públicos en cargos de elección popular hagan públicas tres declaraciones que permitan a los ciudadanos conocer su economía antes y después de ejercer su función.
La información solicitada en la plataforma 3de3 es sobre bienes y activos que den certeza del patrimonio de los diputados y la evolución del mismo, conforme a los ingresos percibidos durante su encargo público.
También se pide información sobre las relaciones y vínculos económicos, profesionales, familiares y sociales de los legisladores para prevenir que dichos intereses influyan indebidamente o afecten las decisiones del funcionario durante su gestión.
Además de comprobantes que demuestren que los diputados han cumplido con sus obligaciones fiscales, aportando a la bolsa de recursos públicos que deberá "administrar y gastar de forma responsable en beneficio de todos durante su encargo"
41 diputados son los que, desde que tomaron posesión de las curules y hasta la fecha, se han rehúsado a presentar estos datos públicamente.
La veracidad y exhaustividad de la información declarada es responsabilidad absoluta de los diputados.
Al momento de presentar su #3de3 cada declarante firma una carta de carácter público en la que se señala que:
“Al entregar los documentos y firmar la presente carta confirmo, bajo protesta de decir verdad, que la información presentada en las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal es veraz y completa.”
En casos donde existan inconsistencias en la información declarada, el legislador involucrado debe solventarlas ante la opinión pública.
41 de los 42 diputados no presentaron su 3de3, es decir, sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.
3de3, es una iniciativa ciudadana impulsada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana (TM), la cual promueve que los servidores públicos en cargos de elección popular hagan públicas tres declaraciones que permitan a los ciudadanos conocer su economía antes y después de ejercer su función.
Llamado a misa
Diversos servidores han señalado que esta iniciativa no es
obligatoria, no obstante, el objetivo de la propuesta es que los sujetos
públicos muestran voluntariamente su compromiso con la transparencia,
la rendición de cuentas y el interés público.La información solicitada en la plataforma 3de3 es sobre bienes y activos que den certeza del patrimonio de los diputados y la evolución del mismo, conforme a los ingresos percibidos durante su encargo público.
También se pide información sobre las relaciones y vínculos económicos, profesionales, familiares y sociales de los legisladores para prevenir que dichos intereses influyan indebidamente o afecten las decisiones del funcionario durante su gestión.
Además de comprobantes que demuestren que los diputados han cumplido con sus obligaciones fiscales, aportando a la bolsa de recursos públicos que deberá "administrar y gastar de forma responsable en beneficio de todos durante su encargo"
41 diputados son los que, desde que tomaron posesión de las curules y hasta la fecha, se han rehúsado a presentar estos datos públicamente.
La veracidad y exhaustividad de la información declarada es responsabilidad absoluta de los diputados.
Al momento de presentar su #3de3 cada declarante firma una carta de carácter público en la que se señala que:
“Al entregar los documentos y firmar la presente carta confirmo, bajo protesta de decir verdad, que la información presentada en las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal es veraz y completa.”
En casos donde existan inconsistencias en la información declarada, el legislador involucrado debe solventarlas ante la opinión pública.