Derivado del seguimiento por parte del ayuntamiento a los procedimientos administrativos emitidos por la a Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) hacia el Centro Integral de Tratamiento de Residuos Sólidos (CITRESO), por proceso irregulares realizados en administraciones municipales anteriores, se logró la conmutación de la sanción establecida por esta dependencia federal, por tal motivo se proyecta implementar un proyecto de reforestación.
En este sentido, el Regidor de Medio Ambiente y Gestión Social, Víctor Manuel García Nájera, informó que, una vez que la PROFEPA analizó los autos del expediente, determinó que ha quedado la certidumbre de la violación a las leyes aplicables en materia ambiental cometida por el municipio durante administraciones pasadas; al ser omiso al cambio de uso de suelo de una área forestal a cualquier otro uso de una superficie de 7 mil 400 metros cuadrados para la construcción de una celda de confinamiento.
Además, no se contó con la autorización de impacto ambiental, por tal motivo fue procedente la imposición de sanciones administrativas que se aplican de acuerdo con la gravedad de la infracción, reincidencia y carácter intencional, entre otras.
“Esta falta puede ser sancionada con una multa por el equivalente de 30 mil a 50 mil días de salario mínimo, en correspondencia, para no trasgredir los derechos fundamentales de las personas implicadas, con fundamento en la ley aplicable se impuso una multa 350 Unidades de Medidas y Actualización, con valor diario correspondiente a 86.88 pesos, lo que equivale a una cantidad de 30 mil 408 pesos, que tiene la opción de ser conmutable”, indicó.
García Nájera, recordó que, al recibir el CITRESO, sólo la primera celda contaba con los estudios de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo, pero no así las otras dos áreas destinadas al confinamiento de los desechos.
“La sanción pudo ser de más de 5 millones de pesos por la gravedad de las irregularidades, sin embargo, se decretó una sanción menor que será conmutable con un proyecto de reforestación que solventará esta falta administrativa”, indicó.
Por su parte, el Síndico Procurador de Justicia, Pablo David Crespo de la Concha, resaltó que la presente administración ha optado por terminar la nociva práctica de postergar los problemas legales de una administración a otra.
Abundó que es inaceptable no enfrentar los problemas jurídicos para que sean resueltos por una próxima administración y que al final se pague con dinero público.
“Por esta razón se dieron los allanamientos, que significa aceptar los hechos para buscar la resolución, en este caso no se realizaron los procedimientos ambientales. Lo que hemos logrado es regularizar terminando con los asuntos legales y aceptar las conmutaciones, cambiando la sanción económica por una acción en beneficio de la sociedad. Uno de estos procedimientos data del 2017 y desde esa fecha se venía esquivando esta falta”, dijo.
Finalmente convocó a darle la función debida al CITRESO ya que no es un basurero o tiradero y esta administración se ha empeñado en que este lugar cumpla su función para la que fue creado, dijo.
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