Señalaron que los decretos establecidos por el presidente Enrique Peña Nieto, el pasado 6 de junio, más allá de ser una protección jurídica de las aguas para garantizar las futuras generaciones y preservar el equilibrio ecológico, tienen finalidades contrarias porque favorece empresas trasnacionales y privadas.
Los decretos establecidos no tienen una mirada holística porque no se establecen directrices del uso y protección de las aguas subterráneas, señalaron.
Además agregaron que violenta los derechos de los pueblos indígenas como el de la libre determinación en la utilización de sus bienes naturales, pero adem